Muchas personas viven en nuestro país en condiciones muy deplorables. La pregunta es si precisamente el aborto es la respuesta que vamos a ofrecerles para mejorar sus condiciones de vida. El aborto se vincula con la falta de esperanza, con la idea de que se está en un callejón sin salida y no hay otra alternativa que esa. Aquí surgen muchas preguntas. De partida, qué apoyos damos a las mujeres embarazadas, particularmente ante la increíble irresponsabilidad masculina. El aborto esconde muchas veces un machismo larvado, aunque en ocasiones también es descaradamente notorio. Se trata de una práctica que le permite a los varones despojarse de cualquier responsabilidad. El caso más extremo es el de la violación: para el violador, el escenario perfecto es que su víctima, además de todos los daños que ha sufrido, se decida a abortar: quedará libre incluso de la responsabilidad de pagar alimentos.

En todo caso, no basta con decir “no al aborto”. Ese es un mínimo. Es necesario trabajar al menos en dos vías. La primera es el apoyo a la mujer embarazada. Resulta muy cómodo dejarle el problema a ella y limitarse a decirle: “decida”. La segunda implica agilizar muy significativamente los mecanismos de adopción.

En el plano jurídico, que es uno de los aspectos involucrados, hay que hacer una distinción muy relevante: una cosa es qué se hace ante una mujer que, en una situación desesperada, ha recurrido al aborto, y otra muy distinta si instalamos la industria del aborto, sea en manos privadas o como parte del cometido del Estado. La legislación chilena, aún antes de la introducción del aborto en tres causales, le permitía al juez hacerse cargo de esas situaciones dramáticas. Así, es perfectamente posible que el juez no sancione a la mujer, pero sí se castigue a quienes no se hallan en esa situación limítrofe, como es el caso de quienes practican abortos. Cuando se legaliza el aborto, en cambio, aunque sea en casos específicos, se produce la tendencia a considerarlo implícita o explícitamente, como un derecho de la mujer, lo que engendra la obligación de satisfacerlo. El Estado y el sistema jurídico, que tienen su sentido primero en la protección del más vulnerable, se transforman en algo completamente distinto. Mantener la prohibición del aborto significa reconocer que la vida humana inocente no constituye un bien disponible.