Para algunos, la prohibición de la eutanasia significa imponer a un individuo que sufre padecimientos indecibles, una concepción de la vida que para el enfermo carece ya de todo sentido. Pero cuando se prohíbe la eutanasia no estamos en presencia de una indebida imposición estatal. En efecto, nadie impone algo a una persona si no está facultado para darle lo que ella solicita (en este caso, la muerte). Y eso es precisamente lo que está en discusión: si existe la facultad legítima de corresponder a un pedido de este tipo, de modo que no cabe darlo por probado. Lo que se dice respecto del Estado, vale también para el médico: cuando no accede a una petición de eutanasia no está forzando a vivir a nadie, simplemente se niega a algo que es incompatible con el fundamento mismo de su profesión. En efecto, si hay bienes que no están sujetos a disposición, como es el caso de la vida humana, entonces nadie tiene la facultad de decidir sobre ellos. Plantear las cosas de otro modo significa, por así decirlo, alterar la carga de la prueba. En este sentido, no es casual que la Ley Fundamental alemana, el texto constitucional que se redactó después de la catástrofe que significó el nacionalsocialismo, comience precisamente por la declaración de que “la dignidad humana es intocable”169. Se trata de una suerte de tabú, que está en la base de una sociedad genuinamente humana. Además, si se trata de un derecho garantizado, el Estado deberá administrar las medidas para su provisión y obligar a que se lleve a cabo lo necesario para asegurar el cumplimiento efectivo de ese supuesto derecho. De este modo, una ley semejante no evita, sino que promueve el intervencionismo estatal.