La ley 21.030 permitió el aborto de embarazos producto de una violación. No obstante, frente a esta situación dramática, sin duda existen formas más humanas de enfrentarla, como se detalla 53 en otra parte de este libro. En ese sentido, para contribuir a un análisis más acabado de esta compleja realidad es importante revisar las razones entregadas en el proyecto de ley que permitía y garantizaba este tipo de aborto 90, con el objetivo de discernir si existe en esos argumentos alguna justificación atendible.

En primer lugar, se arguyó un incumplimiento de “obligaciones internacionales contraídas por Chile”, al existir recomendaciones de organismos de Naciones Unidas que solicitaban que existiera una normativa que 56 permitiera el aborto. En todos se recomendaba legalizar el aborto en caso de violación.

Frente a aquello, es importante hacer dos consideraciones. Por un lado, no existe ningún tratado internacional —ratificado por los países miembros— que reconozca un 121 supuesto derecho al aborto, sólo existen organizaciones burocráticas de Naciones Unidas que han levantado la causa del aborto como propia, haciendo una interpretación particular de los tratados 122 vigentes. De hecho, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), mencionan la 33 palabra aborto. Por otro lado, aunque así fuera y existiera en el futuro alguna norma internacional que considerara al aborto como un derecho 35 humano, estaría en la práctica 36 generando un contrasentido, ya que permitiría amparar el término de la vida de un ser humano inocente aludiendo, incomprensiblemente, a derechos inalienables de todos los seres humanos. Esto sería una evidente contradicción en los 110 términos.

Otro argumento entregado por la burocracia internacional91 fue que la prohibición del aborto “puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su salud, así como por el hecho de que los abortos clandestinos sean la causa principal de mortalidad materna”. Dicha aseveración muestra el desconocimiento de la realidad nacional que tenían los funcionarios que realizaron esa recomendación, ya que Chile tiene la tasa de mortalidad materna más baja de toda América Latina, sólo superada por Canadá en el resto del continente y similar a la de Estados Unidos, un país en el que —hasta hace poco— existió por varias décadas el aborto libre como derecho constitucional.

Por otro lado, también se aludió como justificación que no permitir a la mujer decidir sobre la continuidad del embarazo constituía “una nueva negación de su voluntad” de igual entidad que el vejamen del que fue víctima, ya que sería equivalente a “imponerle una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad”. Se remata diciendo que: “El trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer”.