Autorizar legalmente la eutanasia para quienes no pueden pagar los cuidados paliativos sería la respuesta más cómoda, pero es una injusticia manifiesta, porque nos lleva a desentendernos de aquellas personas que están en una situación particularmente vulnerable. No podemos decir: “mientras no logremos un sistema amplio de cuidados paliativos debemos permitir la eutanasia”, porque esa respuesta significará que ese momento no llegará nunca.

Pero hay más, porque no debemos perder de vista que la legalización de la eutanasia pone sobre los ancianos y enfermos la obligación implícita de justificarse ante el resto de la sociedad. En una situación social sana, nadie tiene que dar explicaciones por el simple hecho de existir. La introducción de la eutanasia rompe este equilibrio. En efecto, ¿por qué tendríamos que destinar nuestros impuestos a financiar sus cuidados paliativos cuando existe una salida más rápida y barata? “Quien, entre dos posibilidades legales, elige una, es responsable de las consecuencias», dice Spaemann con realismo223. Es fácil imaginar las ofertas de los seguros de salud para que la gente haga uso de ese supuesto derecho. O la negativa a cubrir intervenciones costosas, que podrían ahorrarse si los afectados hacen uso de la posibilidad legal de pedir su muerte. Además, si la eutanasia es un derecho, entonces engendra responsabilidades para su titular, y bien podríamos decirle: «respetamos su decisión de seguir con vida, pero usted deberá pagar los costos de seguir en la existencia». Como se ve, la admisión de la eutanasia no afecta sólo a unas pocas personas: ella tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos construir.