En los últimos años se ha incrementado el uso y la discusión en torno a las denominadas “voluntades anticipadas”, especialmente dentro del contexto del cuidado médico. Estas pueden ser definidas como ciertas directrices o instrucciones otorgadas por una persona respecto de aquellos cuidados o tratamientos a los cuales quiere o no ser sometida, cuando ella ya no sea competente para expresar por sí misma su voluntad.

Entre las formas más frecuentes en que suelen ser adoptadas este tipo de voluntades, están los testamentos vitales y los poderes de representación143. Las órdenes de no reanimar suelen ser entendidas como un ejemplo del primer caso, no obstante, ellas deben responder a un juicio clínico adoptado prudencialmente, por sobre la mera voluntad del paciente. Por otro lado, en el caso de los poderes de representación, podemos encontrar la posibilidad de que la voluntad de una persona sea sustituida por un tercero, el cual podrá adoptar decisiones en nombre de quien lo haya designado como su representante. En ambos casos, la validez depende del grado de competencia que tiene la persona que otorga el documento. Así, se debe procurar que esta se encuentre plenamente informada acerca de su estado de salud, la progresión de su enfermedad, los tratamientos a los cuales puede acceder y las consecuencias de su posible rechazo.

Las voluntades anticipadas como derecho de elección no resultan aplicables en cualquier circunstancia, ya que estas no pueden ser utilizadas como mecanismo para, por ejemplo, rechazar un tratamiento que acelere artificialmente el proceso de muerte144. Tampoco se podrá hacer uso de este derecho cuando exista un grave riesgo para la salud pública, lo que podría ocurrir si alguien afectado por una patología altamente contagiosa pretende rechazar su tratamiento o intervención.