El aborto es, en primer lugar, un problema ético que, a causa de su gravedad y relevancia pública, exige una regulación jurídica que lo sancione. La ética, a su vez, es una parte de la filosofía, aquella que los clásicos llamaban filosofía práctica.

El problema moral del aborto consiste, en primer término, en determinar de qué tipo de acto se trata, para juzgar, en consecuencia, sobre su licitud en absoluto y sobre su eventual permisibilidad en alguna circunstancia.

Para juzgar sobre un acto en concreto, el razonamiento ético o filosófico requiere de una previa comprensión de la naturaleza de la conducta que se discute y de sus efectos. Estas premisas no son propias del conocimiento filosófico, sino que corresponden a otras ciencias más particulares. En este caso, es necesario determinar desde la biología qué es exactamente aquello sobre lo cual se actúa en un aborto y, desde la medicina, de qué manera se produce concretamente el efecto que lo constituye como tal; es decir, qué es, en sentido estrictamente biológico, el embrión o feto humano y de qué manera se produce su muerte en aquellos procedimientos que denominamos aborto. Este tipo de conocimiento no es suficiente para resolver el problema moral, pero aporta las premisas de hecho para elaborar este juicio.

Los problemas fundamentales, de los cuales depende la respuesta que se dé al problema del aborto —qué es ser persona; qué es (y qué no es) un homicidio; cuál es la diferencia moral entre matar directamente e indirectamente; en qué consiste un acto intrínsecamente malo y por qué nunca puede justificarse— son cuestiones rigurosamente filosóficas. Es decir, el aborto es un problema filosófico, ético y jurídico (en ese orden); solo secundariamente es un problema médico, de la conciencia subjetiva de cada uno, o de otra clase.

La función que se reconozca a la religión en este problema depende del modo en que se entienda la relación entre fe y razón. Es necesario, sin embargo, hacer una precisión previa: quienes parten del prejuicio de que no existe más realidad que la materia y, en consecuencia, relegan toda fe al ámbito de unas convicciones personales públicamente irrelevantes, no solo excluirán de entrada del debate público cualquier referencia remotamente religiosa sino que, casi siempre, considerarán además como “religioso” cualquier tipo de argumento que presuponga la noción de persona y su titularidad natural de derechos. Estas nociones, sin embargo, no son religiosas, sino filosóficas, y si aparecen en el discurso religioso es solamente porque la fe presupone la razón.