Un primer aspecto importante a considerar es que la cuestión de la oposición al aborto y a la eutanasia no son materias exclusivamente religiosas, sino que es una discusión principalmente política y social sobre la valoración que la sociedad hace de los derechos de las personas.

Otro elemento importante es que aquellas personas que profesan una religión, pueden participar de la discusión pública como lo estimen conveniente, tal como lo hace cualquier otra, porque una exclusión a priori sería una discriminación arbitraria. Es entendible que muchas de las posiciones políticas que exponemos en el foro público estén nutridas por algunas de nuestras convicciones más profundas.
La deliberación pública relativa a la vida en común atañe a diversas materias que afectan a la sociedad. De aquello resulta el establecimiento de reglas y exigencias que condicionan nuestro comportamiento en ella, así como el respeto de los derechos de las demás personas que conviven en el mismo territorio.

Estas reglas y exigencias no se remiten exclusivamente a aquellas conductas que llevamos a cabo en el contexto de la vida pública, pues algunos de nuestros comportamientos en la esfera privada también podrían tener un interés público en la medida que afectan a terceras personas.

En consecuencia, la sociedad constantemente impone normas para que podamos vivir en conjunto. Desde las cosas más nimias y esencialmente contingentes, como por ejemplo las reglas del tránsito, a otras mucho más relevantes como la prohibición de circulación en una cuarentena sanitaria. Comprendemos entonces, que pueden existir restricciones a nuestra libertad, en algunas circunstancias razonables, en función de proteger la adecuada armonía de la sociedad y el bien común. Este rol del Estado se torna especialmente relevante cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida.
Bajo el argumento de que los creyentes no pueden imponer sus convicciones a los demás, se esconden, al menos, dos trampas dialécticas que conducen a errores de razonamiento. En primer lugar, se asume precipitadamente que los creyentes tienen la facultad de imponer sus convicciones morales a los no creyentes. 

Esto no es cierto, en principio por dos razones. Por un lado, en las sociedades democráticas, las convicciones de todas las personas confluyen en las entidades representativas (poder legislativo y ejecutivo) a través de los diferentes procesos deliberativos, en los que existe la especial oportunidad de que las más diversas preferencias personales deban llegar a un consenso y construir mayorías que permitan dar forma a las obligaciones que como ciudadanos debemos cumplir.